RAPAM – Fernando Bejarano, director de RAPAM
22 de marzo de 2026. El relator especial de Naciones Unidas sobre Tóxicos y Derechos Humanos Marcos A. Orellana recomendó que el Estado mexicano elabore una Ley General sobre Plaguicidas para fortalecer el marco regulatorio “que aborde definición, criterios y listado de los Plaguicidas Altamente Peligrosos”, y detalló una serie de aspectos pendientes a fortalecer en este y otros temas para lograr la justicia ambiental, en un documento presentado durante la conferencia de prensa celebrada el pasado 20 de marzo, al final de su visita oficial de 10 días a México.
El tema de los plaguicidas y en especial de los Plaguicidas Altamente Peligrosos es uno de los graves problemas identificados durante su visita del Relator de la ONU, y señalados en la declaración de cierre con sus recomendaciones preliminares al Estado mexicano. El Relator reconoce el liderazgo internacional de México en temas ambientales y de protección de derechos humanos pero indica que este compromiso debe estar presente en todas las acciones del poder público para “asegurar el libre y pleno ejercicio del derecho humano a un medio ambiente, el cual, permítanme enfatizar, incluye al ambiente no tóxico. Esto debe realizarse desde el nivel municipal y estatal hasta el gobierno federal, de manera coordinada con todas las autoridades correspondientes”. El relator presentará su informe final con recomendaciones detalladas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.
Sobre el tema de los plaguicidas en el documento de declaración de cierre el relator reconoce los esfuerzos del Estado mexicano para la prohibición del glifosato en 2020 y 2023, así como de 35 plaguicidas prohibidos recientemente en 2025, pero señala también sus debilidades e insta a ir más allá, precisando una serie de recomendaciones preliminares con medidas a realizar, que aquí resumimos y comentamos.
Ley General sobre Plaguicidas. El documento de cierre recomienda que el Estado Mexicano elabore una Ley General sobre Plaguicidas para fortalecer el marco regulatorio “que aborde definición, criterios y listado de los Plaguicidas Altamente Peligrosos”. En la Conferencia de prensa habló de una Ley General de Plaguicidas Altamente Peligrosos, pero el documento de cierre es más preciso, una Ley General de Plaguicidas “que aborde definición, criterios y listado de los Plaguicidas Altamente Peligrosos”. Hasta el momento, se han realizado propuestas fallidas para reformar la Ley General de Salud que se han enfrentado a la oposición coordinada de los organismos agroempresariales y la industria de plaguicidas y a interpretaciones discutibles de los compromisos comerciales.
Durante el sexenio anterior en la LXV legislatura, la senadora Ana Lilia Rivera impulsó una iniciativa de reforma al artículo 279 de la Ley General de Salud que tendría como finalidad establecer un programa gradual de prohibición de plaguicidas altamente peligrosos y estimular la entrada de bioinsumos, pero quedó parada en el contexto de la oposición al decreto presidencial de glifosato. Y recientemente, el 10 de diciembre de 2025, se paró en el Senado una iniciativa presidencial de reforma al artículo 278 de la Ley General de Salud que incluía la definición de plaguicidas altamente peligrosos y los criterios que la definen, y de reforma al artículo 279 en donde se establecía que la Secretaría de Salud, en coordinación con otras dependencias competentes, implementaría una revisión sistemática de los plaguicidas altamente peligrosos con la idea de transitar hacia alternativas de menor impacto a la salud humana y ambiental, y que se publicaría esta lista en el Diario Oficial de la Federación. Esta iniciativa ya había sido aprobada por la cámara de diputados pero se paró en el Senado por un dictamen de las comisiones unidas de Salud y de Estudios legislativos, que argumentó que resultaría riesgoso en el contexto del comercio internacional y se podría interpretar como una barrera técnica al comercio y en contraposición a las disposiciones con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canáda. el T-MEC, y las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), interpretación muy discutible según el Relator de Naciones Unidas cuando se le informó verbalmente de este caso en la reunión de Holpechén, Campeche.
Cumplir con la Recomendación CNDH con planes sectoriales con metas medibles para la prohibición de plaguicidas de alta peligrosidad
En la declaración de cierre el Relator hace referencia a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que en 2018 encontró que diferentes autoridades del sector agrícola, ambiental y de regulación sanitaria incumplieron sus obligaciones de derechos humanos al no prohibir plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y no prevenir la contaminación y afectaciones derivadas a la salud, al agua y al ambiente. El documento indica que “aunque se han llevado acciones para revertir la situación, resulta preocupante que la Comisión haya considerado que la recomendación fue plenamente cumplida, a pesar de que todavía no hay un plan sectorial con metas medibles sobre estos plaguicidas altamente peligrosos, muchos de los cuales aún no han sido prohibidos.” En efecto, el Relator se refiere a la Recomendación 82/2018 de la CNDH sobre plaguicidas de alta peligrosidad que en su parte central recomendaba a las autoridades de agricultura ahora SADER, SEMARNAT y Secretaría de Salud que elaboraran cada una un programa sectorial con “objetivos, metas, estrategias y prioridades, para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas”. Hemos señalado que el gobierno actual sigue siendo negligente en el cumplimiento de esta recomendación y los problemas se han agravado, en un documento que resume la problemática y que hemos enviado un conjunto de organizaciones al relator previa a su visita y reiterado en su reunión con académicos y organizaciones sociales en la ciudad de México (ver nota al final).
La CNDH ha dado por cumplida en su totalidad la recomendación 82/2018 a la SEMARNAT, a pesar de que no se cuenta con dicho programa sectorial y no se ha incluido el concepto de plaguicida altamente peligroso en la legislación ambiental actual. Esto se lo hemos hecho ver a las personas de esta Comisión y a las autoridades de SEMARNAT, en reunión por zoom, invitados por Greeenpeace, que fue uno de los quejosos que originó dicha recomendación, y ha interpuesto recursos legales en protesta por esta acción de la CNDH.
Limitaciones del decreto presidencial de plaguicidas de 2025 y nuevos plaguicidas que se deberían prohibir como el clorpirifos, fipronil, neonicotinoides y paraquat. En las recomendaciones preliminares el Relator de Naciones Unidas hace referencia al decreto de prohibición de 35 moléculas dado a conocer en septiembre de 2025, pero expresa su preocupación de que muchas de esas moléculas ya no se usan o están excluidos del comercio. En efecto en nuestro inforne al Relator hemos señalado como se privilegió la consulta con la industria de plaguicidas y aún quedan 200 plaguicidas altamente peligrosos autorizados por COFEPRIS y 161 de ellos están prohibidos en otros países. En su declaración de cierre el Relator hace también alusión a la necesidad de dar cumplimiento a la Ley Ambiental que prohíbe la importación de plaguicidas que son prohibidos en sus países de origen. Esto se refiere al artículo 144 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Proteción al Ambiente, que habría que actualizar.
En el documento indica el relator que ha tenido conocimiento de que el gobierno se encuentra preparando un nuevo decreto de 61 moléculas, en el cual se ampliaría la gama de prohibiciones de plaguicidas altamente peligrosos, sobre lo cual indica “esto sería un paso muy bienvenido” y sería una oportunidad para que el gobierno implemente la decisión de la última conferencia de las partes del convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos persistentes, “que prohíbe el clorpirifos siendo un plaguicida altamente peligroso, que tiene impactos severos por ejemplo, en la salud de los niños y las niñas”. En efecto, el clorpirifos es un neurotóxico de amplio uso en México, especialmente dañino a la niñez, y del cual hemos elaborado un informe completo con expertas de la Universidad Autónoma de Nayarit, y las autoridades no han dado a conocer las medidas concretas para su prohibición acordado en el Convenio de Estocolmo.
Mortandad de abejas por aplicación de plaguicidas y prohibición de plaguicidas. El documento de cierre indica que “resulta indispensable un marco regulatorio robusto que prohíba plaguicidas donde haya indicios de afectación a la salud humana o de polinizadores, como el fipronil, los neocotinoides y el paraquat”. Sobre este tema en la conferencia de prensa el relator destacó que ha recibido información y testimonio de comunidades mayas en el estado de Campeche,”sus derechos culturales, la armonía con los ecosistemas también sufre por la liberación intencional al medio ambiente de estos plaguicidas peligrosos”.
En efecto, un conjunto de organizaciones de comunidades mayas respaldadas por las evidencias de académicos de la península entregaron al relator un documento en Holpechén, Campeche, ver nota al final, al que fuimos invitados. Al respecto el relator señala
De manera específica, me preocupa que la Península de Yucatán, enfrenta desafíos significativos derivada de la utilización constante de plaguicidas altamente nocivos para la salud humana, situación que se agrava por las características propias del terreno. La muerte masiva de abejas debido al uso de sustancias como el glifosato, el fipronil y neonicotinoides y de cócteles de plaguicidas, así como una práctica constante de monocultivo, un tipo de sistema agrícola que degrada el suelo y propicia mayor vulnerabilidad ecosistémica, afecta la salud de los habitantes de la zona, y el sustento y la cultura de las comunidades apícolas.
En la sección de preguntas durante la Conferencia de prensa el relator Marcos Orellana enfatizó “Los polinizadores son indispensables para garantizar el avance de la humanidad hacia sistemas alimenticios sostenibles en los que se entrelazan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la seguridad alimentaria y la salud de las personas”
Contaminación del agua en la Península y cáncer en comunidades en Campeche
En la declaración de cierre se indica También fui informado que el agua extraída mediante pozos tradicionales en varios municipios de la Península ya no es apta para el consumo humano, por lo que las comunidades tienen que recurrir a la compra de agua embotellada. Sin embargo, también existen estudios científicos que demuestran que incluso el agua embotellada contiene glifosato y otros plaguicidas. Tampoco existen datos sobre las enfermedades asociadas a los plaguicidas ni monitoreo por parte de la Secretaría de Salud, por lo que las comunidades han iniciado esfuerzos para hacer mapeos comunitarios de la situación de salud de personas expuestas a plaguicidas. En particular, se han incrementado notablemente los casos de cáncer en pueblos de Campeche.
NOM sobre aplicaciones aéreas de plaguicidas debe avanzar e incluir control de drones. El relator indica también que conoció sobre el esfuerzo entre diferentes autoridades, academia y sociedad civil para la elaboración de una Norma Oficial Mexicana sobre la aplicación aérea de plaguicidas por avionetas y señala “Es importante que este proceso pueda avanzar y pueda ser revisado para incluir fumigaciones aéreas con drones”. Esto se refiere a un anteproyecto de NOM que está parado para consulta pública y que establece áreas significativas de amortiguamiento con criterios sanitarios y ambientales.
Hoja de ruta robusta para el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Las recomendaciones preliminares del relator llaman a que las autoridades continúen la aplicación del Acuerdo de Escazú a través de una hoja de ruta robusta. Se refiere al El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. México fue impulsor de este acuerdo regional y está pendiente su cumplimiento. Como señalamos en las reuniones con el Relator especialmente falta que establezca canales claros y efectivos de participación ciudadana y acceso a la información en el tema de plaguicidas para saber qué plaguicidas se usan, cuándo y cuánto y se puedan establecer metas medibles y monitoreables de reducción del uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos.
El Relator Marcos Orellana en sus conclusiones señaló
Quisiera también hacer eco de las palabras de un joven Maya, estudiante de cuarto semestre de secundaria, que con total prestancia tomó el micrófono durante mi visita a Hopelchén en el Estado de Campeche, para decir (y cito): “Hoy recordamos que la paz no es ausencia de guerra, hoy decimos que paz es poder respirar aire limpio, tener comida sana, tomar agua limpia. Paz es permanecer con nuestra familia, paz es sentirnos orgullosos de nuestra identidad.” Es así como el respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es piedra angular de un futuro de paz y prosperidad para los pueblos.
Ojalá esta visita del Relator de la ONU mueva las voluntades políticas de las autoridades del más alto nivel para que SADER, SEMARNAT y COFEPRIS cumplan con su responsabilidad, y avancen en una política de Estado para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos, se vayan prohibiendo los plaguicidas altamente peligrosos identificados como prioritarios, y se avance en la coordinación federal y estatal en los territorios en la transición agroecológica de los sistemas agrícolas y se frene el avance extractivista de la agricultura industrial.
El informe enviado al Relator de la ONU previa a su visita a México por RAPAM, investigadoras de la Universidad Autónoma de Nayarit, del Departamento de Toxicología, Cinvestav, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, de Muuch Kambal, la Alianza Maya por las Abejas de la Península de Yucatán Kaabnalo’on, y la Organización Nacional de Apicultores (ONA), se puede consultar aquí. https://drive.google.com/file/d/13bu3hp0Inmp9jhRmsCbeVs5reQu7Apxh/view
En Holpechén, Campeche el informe entregado al Relator el 17 de marzo donde participaron el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, JIBIOPUUC, MUUCH KABAL, ECOSUR, KABNALÓON, RAPAM, UACAM, y el Centro de Derechos Humanos UTSIL KUXTAL, se puede consultar aquí https://drive.google.com/file/d/1BCJ4MJRU3dGDjXd1zlDMS1NQrewrmXz_/view
Diversas organizaciones mayas como el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes se han pronunciado por Declarar zona de emergencia la situación ambiental de la Península, debido al conjunto de problemas que atraviesan la región, no solo la situiación de los plaguicidas y la muerte de abejas, sino el impacto de las megagranjas porcícolas, de las que habla el Relator en su informe de cierre, la deforestación, la crisis hídrica, por la imposición de un modelo extractivista de explotación de los ecosistemas que impactan en la salud de lascomunidades y territorio. Ver https://www.facebook.com/ColectivoMayaHopelchen/